A lo largo de más de medio siglo, una parte importante de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) han tenido un sueño, una utopía, frente a una herencia de cinco siglos de supeditación, material e imaginaria, de la sociedad mexicana, ya sea a la autoridad virreinal o al presidencialismo autoritario legados por la Colonia, la Independencia y la Revolución Mexicana. Desde el siglo XIX la institución y la figura presidencial serán las depositarias de estos vínculos y significaciones imaginarias sociales de vasallaje.
Durante el siglo XX, después de un periodo de consenso, el poder ejecutivo se impuso durante 70 años, en parte, gracias a la institucionalización del presidencialismo y el corporativismo, que modernizaron los sistemas de vasallaje a través del Partido Revolucionario Institucional (PRI). De esta manera, a veces prevaleció la administración, a veces formas abiertamente represivas que dificultaron el desarrollo de los movimientos sociales y de la sociedad civil, dando continuidad y regenerando un sistema ancestral de servidumbre y sometimiento jurídico, simbólico, cultural y político de la sociedad al gobierno.
Con la revolución mexicana, la institución presidencial, arraigada en un ejecutivo fuerte, fundamentada en los artículos 27 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Córdova, A. 1972: 13-23), cobró gran fuerza y eficacia a partir de los procesos electorales sexenales que concretizaban periódicamente los vínculos corporativos a través de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), de la Confederación Nacional Campesina (CNC) y del la Confederación de Organizaciones Populares (CNOP) y, en algunos casos, a través de universidades corporativizadas como la Universidad de Guadalajara o de sociedades de alumnos también corporativas. Este conjunto de instituciones que han operado como dispositivos de fidelidad y control dificultaron el surgimiento de una sociedad civil autónoma, pues mantuvieron a la ciudadanía tutelada y avasallada, con pocas posibilidades de incidir en los rumbos a seguir.
Dos excepciones importantes a este control corporativo en la historia del siglo XX fueron la Universidad Nacional de México (UNAM), que ganó la autonomía en 1929 por gobernarse por sí misma y una parte de la Iglesia Católica, el Secretariado Social Mexicano (SSM), que fundado en 1921 emprendió estrategias y prácticas organizativas de las sociedad mexicana independientes del gobierno y de la estructura corporativa y de la misma iglesia católica, como fueron miles de cajas populares de ahorro y crédito y cooperativas de producción y consumo, que dieron origen a una naciente sociedad civil que expresaba voluntades ciudadanas fuera del control del partido dominante y a proyectos y formas de organización que respondían fundamentalmente a sus demandas y a la dirección de sus propias organizaciones.
Sin embargo, después de la revolución cubana, el movimiento ferrocarrilero y los movimientos sindicales de médicos, maestros, telegrafistas, electricistas, trabajadores de correos en defensa de sus derechos sindicales enfrentaron a la cúpula de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y se fueron constituyendo como sujetos colectivos en lucha por la autonomía desde 1958 a 1966, aunque fueron brutalmente reprimidos y sus dirigentes encarcelados bajo el delito de disolución social basado en los artículos 145 y 145 bis del Código Penal Federal -leyes de tiempo de guerra, para controlar la presencia nazi-, pero en el fondo, por haberse atrevido a cuestionar, material e imaginariamente, al régimen autoritario. Nacieron aquí los primeros gérmenes modernos de sociedad civil y de autonomía ciudadana.
Heredero y portavoz de los movimientos sindicales de las décadas de los cincuentas y sesentas, el movimiento estudiantil popular de 1968, se fue constituyendo como portavoz crítico de la lucha antiautoritaria y por las libertades democráticas en imágenes y prácticas obreras de cuño anarquista, como sus propios lemas: “Libertades Democráticas” (LD), “presos políticos, libertad;” sus propios símbolos: los colores rojinegros, los nombres seleccionados: Consejo General de Huelga (CGH), Asambleas por Escuela, Asamblea General; y sus propias prácticas: brigadas callejeras para aproximarse al pueblo, a las y los trabajadores en plazas, mercados, parques, a pie de fábrica, en paradas de camión e iglesias. Todas ellas formas instituyentes ágiles para tomar decisiones, para comunicar a la ciudadanía las razones del movimiento, para operar en la cotidiandad. De este modo, desde las prácticas callejeras que duraron 132 días, del 26 de julio al 5 de diciembre de 1968, se fue perfilando y creciendo una sociedad civil autónoma, que se atrevió a cuestionar las significaciones materiales e imaginarias sociales del autoritarismo y del corporativismo centenarios. Así pues los procesos, los sujetos y las instituciones se empezaron a transformar.
A pesar de todo, las añejas formas corporativas siguieron teniendo un gran peso en el control de obreros, campesinos y sectores populares, como una de las bases principales de la continuidad de los gobiernos posteriores a la Revolución Mexicana, a todo lo largo del siglo XX y en lo que va del siglo XXI.
En el modelo o paradigma de desarrollo mexicano organizado bajo “cielos neoliberales” prometidos, se genera una inmensa polarización de la riqueza con la misma intensidad que se genera mayor pobreza, violencia, migración, inseguridad y terror (Reygadas, R., 2008: 15-24).
Es importante insistir que los rasgos actuales de la vida socio política en México y de las relaciones entre gobierno y sociedad civil no pueden ser vistos de manera aislada sólo como una lista de circunstancias sino que son síntomas de una enfermedad, son manifestaciones de la fase neoliberal actual del modelo socioeconómico y político capitalista que se inició en 1981 con el gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado y se profundizó durante el sexenio del gran fraude electoral de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) que impulsó un modelo socioeconómico, cultural y político, llamado por las comunidades indígenas y campesinas: “proyecto de muerte,” pues a través de privatizaciones, abandono del campo, descapitalización progresiva de Pemex, pactos con el narcotráfico, empezó a incrementar la acumulación de riqueza en muy pocas manos, a empobrecer a la mayor parte de la población y a aumentar la migración hacia las ciudades y hacia los Estados Unidos. En los siguientes sexenios Zedillo (1994-2000), Fox (2000-2006), Calderón (2006-2012) y Peña Nieto (2012-2018) este modelo sólo pudo avanzar a partir de incrementar estructuralmente la violencia social, la corrupción, la acumulación privada de la riqueza en muy pocas manos y la destrucción del medio ambiente.
En el sexenio de Peña Nieto se avanzó hacia las llamadas “reformas estructurales,” con el visto bueno del Pacto por México, formado por las cúpulas partidarias del PRI, del PAN y del PRD en 2012 a espaldas de sus propios partidos. Este paradigma del desarrollo se está imponiendo con el uso de la fuerza, poco consenso, grandes dosis de corrupción y con la creciente infiltración del narcotráfico en diferentes instancias, negocios y niveles de gobierno, generando, entre otros, los siguientes problemas y rasgos históricos del neoliberalismo gobernante en el periodo analizado:
· Con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y su vigencia a partir del 1º de enero de 1994 y con los dos gobiernos del PAN (2000-2012) los saldos económicos y políticos fueron afectando gravemente a la sociedad mexicana. Esto se agudiza con la renegociación del TLCAN que se transformó en T-MEC con el gobierno de Donald Trump en 2017. Se establecen ahora las reglas de la “nueva conquista” que abren las puertas a inversiones inmobiliarias, turísticas, carreteras, mineras, petroleras, tráfico de armas, así como a la privatización, destrucción de los bienes colectivos naturales, aceleración del cambio climático y abierta contaminación del subsuelo y el agua.
· Y por otro lado se presiona económica y políticamente a la política exterior mexicana para someterla a la de Donald Trump que consiste en un trato delincuencial, no de respeto a los derechos humanos, de las y los migrantes centroamericanos, caribeños y africanos.
· Las y los ciudadanos somos testigos de cómo el sistema de partidos políticos ha estallado, ha sido desbordado y participa, quien más, quien menos, en el tráfico de influencias y en la corrupción cada vez más pública y evidente.
El saldo de este proyecto a 2019 es muy grave y preocupante: más de 300 mil personas ejecutadas en 18 años e igual número de hogares destruidos, más de 36 mil desaparecidos en todo el territorio, se encuentran más de 26 mil cuerpos no identificados en los Servicios Médicos Forenses y docenas de fosas clandestinas han aparecido por todo el país, millones de migrantes regresados a México en los últimos diez años, deterioro grave del tejido y la cohesión social por el incremento de la violencia: robos, secuestros, trata de personas. Vastas regiones son controladas por el narcotráfico que impone un estado paralelo, pues cobra impuestos por derechos de piso, permisos para trabajar, protección de empresas, aparte de amenazar, y violentar la vida cotidiana y el tejido social de millones de personas. Cada año aumentan los periodistas asesinados por realizar su trabajo informativo.
Un doloroso caso paradigmático que manifiesta y ejemplifica vergonzosa y públicamente cómo se lleva adelante este proyecto y hace evidente el comportamiento cotidiano de sus actores principales, entre otros muchos casos: Tlatlaya, Tanhuato, Apatzingán, Nochixtlán, la Calera y otros, es la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la “Normal Rural Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Iguala, Guerrero, con la participación activa u omisa de todas las instituciones públicas del gobierno mexicano ya sean municipales, estatales o federales, ya sean del poder ejecutivo, Procuraduría General de Justicia de la República y del estado de Guerrero, ministerios públicos, poder legislativo o judicial, ejército y policía federal, bajo un mando operativo único, cuya conducción de los hechos quedó demostrada, coludidas de tiempo atrás y cotidianamente con la delincuencia organizada y con la protección a las rutas de trasiego de drogas desde la Costa de Guerrero hasta los Estados Unidos.
Frente a la propuesta de significado público de la memoria de la desaparición forzada de los 43 estudiantes en base a la novela gubernamental de la “verdad histórica,” difundida como “verdad única e incontrovertible,” que evidencia de manera clara un gobierno corrupto, vinculado al narcotráfico y cada vez más alejado del cuidado del bienestar, la paz y la seguridad pública, se yergue la memoria colectiva plebeya, cimentada en el dolor profundo y en la dignidad de los familiares de los desaparecidos y de la sociedad civil, que unidos por el lema “vivos los llevaron, vivos los queremos,” fundamentan una mirada ciudadana y la puesta en escena de una ética política que resiste mientras sueña con otros mundos posibles, mientras camina colectivamente hacia ellos y convoca a su construcción.
Frente a esta situación en el último tercio del siglo pasado la lucha por una ciudadanía autónoma, no corporativizada, se vio enriquecida por movimientos feministas, indígenas y de resistencia a megaproyectos de muerte, que herederos de la lucha anti-patriarcal, por el cuidado de la naturaleza y por relaciones no mercantiles de reciprocidad, solidaridad y responsabilidad colectiva, asumen cargos como servicio y no como negocio y que sintetizan en tres frases, dos provenientes del zapatismo y otra de los pueblos originarios de la Sierra Norte de Puebla: “mandar obedeciendo,” “construir un mundo en el que quepan muchos mundos” y “proyectos de vida.”
Estas organizaciones y movimientos de la sociedad civil han tomado dispositivos jurídicos surgidos de la revolución mexicana como la figura de asociación civil para organizarse de manera legal, autónoma y llevar adelante proyectos de orden no mercantil, independientes de gobierno, partidos políticos e iglesias, cuestionando en su vida cotidiana el autoritarismo y sus formas corporativas y neo-corporativas, instituyendo en sus prácticas y en sus discursos otros valores y un cierto poder ciudadano.
Ante la gravedad de los problemas sociales que hoy están en la raíz de la problemática de pobreza, violencia y crimen organizado en México, es crucial impulsar leyes y políticas legislativas no sólo que enfrenten la crudeza de los efectos de los problemas, sino que contemplen las causas profundas que los están originando y reproduciendo, de tal manera que las leyes que se aprueben contribuyan a fortalecer el tejido social y a las actividades de las organizaciones de la sociedad civil, ya sea en el campo de la asistencia o en el campo de la promoción y vigencia plena de los derechos humanos y del desarrollo sustentable y equitativo, pues las organizaciones civiles no sólo fortalecen la democracia participativa sino que impulsan núcleos ciudadanos que proponen y realizan alternativas públicas de amplia inclusión social, tal como lo afirma la exposición de motivos de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil (LFFAROSC):
“En los umbrales del siglo XXI… persisten enormes problemas en los ámbitos social, político, económico y cultural…los cuales se traducen en la precaria situación económica y la exclusión social en que se encuentra un considerable porcentaje de la población del planeta. La superación de estos problemas ha hecho necesario el rompimiento paulatino de los paradigmas en los que se habían venido desenvolviendo las fuerzas sociales y sus relaciones con el estado, para que la capacidad de la ciudadanía organizada emerja plenamente en el diseño de propuestas para construir un mundo mejor para las generaciones futuras, con oportunidades de desarrollo para todos” (DOF, 9 de febrero 2004).“En las últimas décadas los ciudadanos se han organizado de forma autónoma para colaborar, voluntaria, activa y solidariamente, en la atención de los que menos tienen, promoviendo acciones y proyectos orientados a superar carencias sociales y a procurar bienes y servicios socialmente necesarios. El surgimiento de esas nuevas fuerzas sociales ha transformado la relación gobierno-sociedad.”“Hoy México cuenta con un vigoroso y creciente número de organizaciones de la sociedad civil comprometidas con el bienestar social, cuyas acciones deben ser fomentadas por el Estado, reconociendo la experiencia y capacidad filantrópica que dichas organizaciones han adquirido en años de trabajo directo con la población menos favorecida económica y socialmente, así como en el desarrollo sustentable y la promoción de los derechos humanos, entre otras”. (Senador Higuera, 2007: 22).
Hoy están registradas más de 40 mil OSC en el Registro Federal de las OSC en el Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL) y existen muchas otras que no han optado por registrarse por diversos motivos.
Con la promulgación de la LFFAROSC el 9 de febrero de 2004, después de 4 años de cabildeo con cuatro legislaturas y tres gobiernos federales, culminó un batalla de 14 años por cambiar el marco jurídico del ser y hacer de las OSC en la sociedad mexicana, por modificar los vínculos de supeditación, vasallaje y dependencia de la sociedad al gobierno y reconocer por vez primera vez la importancia para la sustentabilidad, el desarrollo social y la paz, del papel jugado por las OSC y obligar al gobierno mexicano a fomentar las actividades de las OSC como parte sustancial de la promoción de todos los derechos humanos, la defensa de los derechos de las mujeres y de los pueblos originarios, para cuidar del medio ambiente e impulsar vínculos de solidaridad y reciprocidad en una cultura no mercantil ni clientelar, como un anticipo de un futuro más justo e incluyente.
Desde el proyecto de investigación e intervención y servicio social: “Memoria colectiva, creación imaginaria en los procesos instituyentes,” en la Unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM-X), hemos trabajado durante casi veinte años en una propuesta que basada en aprender de las propias experiencias de las organizaciones y movimientos está contribuyendo a elaborar memoria colectiva. Se trata del desarrollo de una propuesta pedagógica y metodológica que pone en el centro la voz, la narrativa y la historia de cada OSC y sus iniciativas de desarrollo alternativo, de defensa y promoción de los derechos humanos, o de resistencia y defensa frente a agravios de grandes empresas o de megaproyectos. Hemos trabajado respondiendo a invitaciones de acompañar procesos pedagógicos, en la tradición de la “educación popular” originada en Paulo Freire, y desarrollada por el Consejo de Educación de Adultos de América Latina (CEAAL), particularmente en el caso de la Universidad de la República de Uruguay (UDELAR), también bajo la concepción y metodología que surge del Análisis Institucional, del pensamiento de Cornelius Castoriadis y de la idea de “memoria colectiva” de Maurice Halbawchs, a fin de aprender de las experiencias y elaborar memoria colectiva de las Organizaciones de la Sociedad Civil en casos de México y de Uruguay.
Llamamos “Memoria colectiva” a los procesos realizados por estos actores y actrices sociales y ciudadanos que buscan recuperar los contenidos y las formas cómo han abordado la defensa de su territorio, de sus derechos y de su identidad a través de organizaciones, movimientos étnicos, ambientales, feministas, laborales, sociales y populares. La memoria es el esfuerzo colectivo de un grupo por recordar su pasado, recordar es pasar por el corazón lo que han vivido para darle nombre, significado. Así la memoria es una narrativa en el presente de la visión del pasado, vista desde el corazón de un grupo, para caminar hacia un futuro de mejor vigencia de sus derechos humanos, cuidado de la naturaleza y respeto a la vida.
La memoria puede elaborarse a partir de las acciones y vínculos de los grupos en torno a acontecimientos importantes o analizadores del pasado que permiten entender los cambios que surgen en la trayectoria de una comunidad, una organización o un movimiento, pues estos hechos cruciales cuestionan a todos los que, de un modo u otro, participan en ellos; entonces hablamos de memoria histórica o memoria constituyente a partir de la potencia o fuerza de transformación colectiva que permite a un grupo apropiarse de su pasado en el presente de cara al futuro que desea.
Para realizar el proceso de recuperación de la memoria colectiva, partimos de la idea de que “el presente -es decir, las formas de significar el aquí y el ahora- se encuentra fuertemente conjugado con el pasado,” (Manero, 2005; 173) y permite construir y constituir sujetos sociales que, a través de este proceso, van creando y volviendo a inventar cotidianamente su identidad y van generando sentido a su quehacer colectivo.
Es decir, “en estas formas sociales colectivas, así como en la subjetividad social que las constituye, el tiempo no es una condición lineal: el pasado, el presente y el futuro se encuentran constantemente superpuestos” (Manero, 2005; 173)
“La memoria colectiva, para Halbwachs, es una memoria de los grupos; es decir, la pertenencia grupal va a proporcionar los marcos para la conformación del recuerdo[…] insistirá en que son el espacio, el tiempo y el lenguaje los marcos generales de la memoria” (Manero, 2005; 182).
La memoria está relacionada con acontecimientos significativos, con analizadores del pasado que permiten entender los cambios importantes que tiene la trayectoria de una organización y de un movimiento, pues el tiempo no es lineal, hay momentos cruciales que cuestionan a todos los que atraviesan ese acontecimiento; entonces hablamos de memoria histórica o memoria constituyente, a partir de la reflexión colectiva que permite a un grupo apropiarse de su pasado en el presente de cara al futuro que desea.
A la memoria histórica la encontramos entre la memoria colectiva popular y la historia, hecha de documentos, de hechos, pero que recurre a la memoria para anotar y clasificar los acontecimientos. Está relacionada con acontecimientos, con analizadores del pasado que permiten entender y dar significado a los cambios importantes que tiene la trayectoria de una comunidad, de una organización y de un movimiento.
Nos queda muy claro que la Cuarta Transformación propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador no puede lograr sus objetivos sin la participación autónoma, crítica, solidaria y creativa de las Organizaciones de la Sociedad Civil, que trabajan por alternativas ante problemas que el gobierno por si solo no puede resolver, ni bastan los programas de renta universal para sectores en exclusión y vulnerados, sino se requiere de la capacidad de crear modelos de interacción, de la capacidad de inventar caminos a partir de la amplia experiencia de la sociedad civil en promoción de derechos, economía social y solidaria, derechos de las mujeres, de las y los niños y las y los jóvenes, de cuidado de la naturaleza, de los recursos, del territorio y el medio ambiente, de alto a los transgénicos, a los megaproyectos de muerte que acompañan al neoliberalismo. Es decir, sin fomentar desde el gobierno una amplia participación de la ciudadanía en todos los problemas sociales y de las organizaciones de la sociedad civil, no se pueden lograr los objetivos de la cuarta transformación.
Como parte de los nuevos vínculos entre sociedad y gobierno que quedaron estatuidos y fraguados en la LFFAROSC en los últimos 20 años, un conjunto de actores de las OSC: asociaciones civiles, instituciones de asistencia privada, movimientos de resistencia a megaproyectos y propuestas alternativas de sustentabilidad al desarrollo que parten del cuidado del medio ambiente, la vigencia de los derechos humanos, de los derechos de las mujeres, jóvenes y niños y niñas y de los derechos de los pueblos originarios y de las y los trabajadores, han solicitado a la universidad pública, a otras asociaciones civiles, a dependencias del gobierno y a actores de la cooperación internacional al desarrollo, colaboración e intervención en procesos pedagógicos de aprendizaje de experiencias y elaboración de memoria colectiva y que en América Latina, siguiendo a Oscar Jara, se ha llamado sistematización de experiencias.
Así pues, de 2001 a la fecha, el proyecto de investigación: “Memoria colectiva, creación imaginaria en los procesos instituyentes,” del Área de Investigación Procesos Grupales e Institucionales y sus Interrelaciones, del Departamento de Educación y Comunicación de la Unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana, ha sido convocado por Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) para conocer y participar en "procesos pedagógicos de aprendizaje de sus experiencias y elaboración de memoria colectiva,” realizados por cada una de ellas en plazos de trabajo conjunto de entre tres y veinticuatro meses, dando como fruto la publicación de más de 170 relatos escritos y producidos por autores/as de cada organización. En estos procesos pedagógicos también han participado, desde sus saberes y experiencias, otros colectivos universitarios y de organizaciones de la sociedad civil con los que hemos caminado juntos en la tarea de escuchar, elaborar memoria colectiva, escribir conjuntamente y aprender de las más diversas experiencias por todo el país.
En los procesos que hemos participado, junto con estos otros colectivos hemos sido facilitadores metodológicos y relatores de procesos, de los que socios o amigos de cada organización son los autores/as. Se han publicado 35 libros o cuadernos específicos que contienen alrededor de 170 relatos y dan cuenta de historias vivas de proyectos y estrategias de incidencia pública y de construcción de ciudadanía adulta, de relaciones sociales críticas, creativas y propositivas en las que los movimientos, comunidades y organizaciones sociales han pasado de la resistencia a la propuesta, a generar nuevos vínculos, alianzas diversas e instituciones democráticas, con apoyo de la cooperación internacional al desarrollo, de la academia y de diversas dependencias gubernamentales, ya sean locales, municipales, estatales o federales.
La mayor parte de estas publicaciones tuvieron un tiraje de entre 500 y 2000 ejemplares que se agotó pronto y que a menudo nos son solicitadas por diversos actores sociales, ciudadanos, académicos y gubernamentales.
A partir de estos trabajos y relaciones, un conjunto de OSC e instituciones públicas: Servicio, Desarrollo y Paz, A.C. (SEDEPAC); Acciones para el Desarrollo Comunitario, A.C. (ADECO); Centro de Estudios Ecuménicos, A.C, (CEE); Consejo de Educación de Adultos de América Latina (CEAAL); Acción Ciudadana contra la Pobreza; el proyecto: “Memoria Colectiva, creación imaginaria en los procesos instituyentes” de la UAM-Xochimilco; la Universidad de la República de Uruguay (UDELAR); el Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL); BDM, Estudio Digital S.A. de C.V. hemos realizado un esfuerzo por recuperar todas estas experiencias sistematizadas en una Colección Digital, a la que hemos titulado: RELATOS DE MEMORIA COLECTIVA. INCIDENCIA DE LAS ORGANIZACIONES CIVILES, medio siglo de impulsar ciudadanía, derechos humanos y alternativas sustentables al desarrollo.
La organización del material fue sencilla, pero ardua y muy laboriosa pues implicaba recuperar archivos digitales de antiguos formatos. En estas tareas contamos con el apoyo invaluable de la Psicóloga Brenda Medina Márquez, del psicólogo Pedro Soto, de Luis Quintero Ortiz y Joel Ortiz Arroyo de BDM que hicieron el cotejo, la recuperación, el formato y la organización del material de la Colección.
Así pues, presentamos a las y los lectores los materiales de cada libro original, presentados en el orden cronológico que corresponde a la fecha y al contexto en que se elaboró la memoria y en el que se hizo la publicación.
A nombre del equipo de investigación de “Memoria Colectiva, creación imaginaria en los procesos instituyentes,” de la Unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana.
Rafael Reygadas Robles Gil
Bartra, Armando (2015). “Prólogo a la edición mexicana.” En: Hidalgo, F. y Márquez Fernández, A. (Coordinadores) “Contrahegemonía y buen vivir.” UAM-X, México.
Castoriadis, Cornelius (2013). La institución imaginaria de la sociedad. Ed. Fábula Tusquets, México, 2013.
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 10 de noviembre de 2016, comunicado de prensa, citado por la Jornada, 11 de noviembre de 2016.
Córdova, Córdova, Arnaldo (1972). La formación del poder político en México. Era, México.
Desroche, Henri (1976). Sociología de la esperanza, Herder, Barcelona, España.
Escontrilla Valdés, Hugo Armando (2000). “l Secretariado Social Mexicano. Los orígenes de la Autonomía (1968-1973)”, México, Tesis de Maestría, Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, Ciudad de México.
García Luna, Cirilo y Gómez Peralta, Héctor (2018). “Disciplina parlamentaria en México. El caso de la Coalición Pacto por México y sus reformas legislativas.” En: Argumentos Número 87, UAM-Xochimilco, Ciudad de México, pp. 175-204.
Manero, Roberto y Soto, Adriana (2005). “Memoria colectiva y procesos sociales” en Revista del CNEIP, Enseñanza e Investigación en Psicología, vol. 10, núm. 1 enero-junio, Consejo Nacional para la Enseñanza y la Investigación en Psicología, México.
Manero Brito, Roberto (1990). Introducción al análisis institucional, Tramas No. 1, UAM-Xochimilco, México.
Meyer, Lorenzo, (1992). La segunda muerte de la Revolución Mexicana. Cal y Arena, México.
Reygadas, Rafael (1998). Abriendo Veredas, iniciativas públicas y sociales de las redes de organizaciones de organizaciones civiles. UAM-UNAM-UIA-Convergencia, Ciudad de México, 619 pp.
Reygadas Robles Gil, Rafael (2008). Genealogía del terror, el miedo y la resistencia. El Cotidiano Número
Rodríguez, Nicolás; Reygadas, Rafael; López Cinthya y Mendoza, Silvia. “Los relatos de vida en la reconstrucción histórica de organizaciones sociales.” (2012) En Revista TRAMAS, Nº 37, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. División de Ciencias Sociales y Humanidades, México, diciembre 2012, pp. 81-103.
Scott, J. (2000). Los dominados y el arte de la resistencia. Ed. Era, Ciudad de México
Zúñiga, Juan Antonio y González, Susana (2011). “Duplican magnates mineros el oro extraído en la Colonia”. LaJornada, Ciudad de México: 14 de noviembre de 2011.
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